Foto: J. E. Gómez
Grado de desertización en España
Analizando este mapa de aridez de España, elaborado por el
Ministrio de Medio Ambiente, podemos diferenciar una España húmeda
al Norte coincidiendo con la Comunidad de Galicia y la Cordillera
Cantábrica y la Cordi llera de los Pirineos y el resto, unas
tres cuartas partes que están en serio peligro de desertización
antes de finalizar el presente siglo.
Según datos recientes del Ministerio de Medio Ambiente, un total
de 159.337 kilómetros cuadrados (de los 506.061 que ocupa España)
sufren un riesgo alto o muy alto de desertización, lo que supone
un 31,49 por ciento del total, y en 109.712 kilómetros cuadrados
(el 21,68 por ciento) el riesgo es medio.
En tres comunidades (Murcia, Valencia y Canarias) el riesgo de
deserti zación alto o muy alto afecta casi al cien por cien del
territorio; en Murcia es del 99,09 por ciento, en la Comunidad
Valenciana del 93,04 y en Cana rias del 90,48. Por detrás se
encuentran Castilla-La Mancha (el riesgo alto o muy alto de
desertización afecta al 43,68 por ciento de su territorio), Cata
luña (41,88), Madrid (37,52), Aragón (28,66), Baleares (25) y
Andalucía (22,30).
Ante estas alarmantes cifras publicadas por el Ministerio de Medio
Ambi ente es necesario una serie de actuaciones urgentes para
evitar que España se convierta en un país con un grado de aridez
extremo.
Existen factores clave como el ahorro de agua y energía, la
prevención de incendios forestales y el reciclado de residuos,
según la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).
CECU aseguró que la desertificación “se produce por la
pérdida de cubierta vegetal debido a una explotación inadecuada de
los recursos naturales que provoca su total desprotección frente a
fenómenos como el viento y el agua, así como el que esas tierras
dejen de ser fértiles”. Asimismo, la organización alertó
sobre la excesiva demanda de recursos naturales utilizados como
fuente de energía para procesos industriales. Esto tiene como
consecuencia la generación de impactos ambientales que los consu
midores deben conocer para responsabilizarse de los mismos y
actuar en consecuencia.
Foto: J. E. Gómez
Es urgente una mayor eficacia en la lucha
contra la prevención de incendi os forestales, la mayoría
provocados por acciones humanas, según el Consejo Nacional de
Bosques.
La creación de una cultura de prevención puede
contribuir en gran medida a la protección de las tierras secas,
tanto si la desertificación es incipiente como si se encuentra ya
en curso. Esta cultura de prevención requiere un cambio de actitud
por parte de gobiernos y ciudadanos. Se ha demostrado que las
poblaciones de las tierras secas pueden anticiparse a la desertifi
cación si mejoran sus métodos agrícolas y su régimen de pastoreo
de forma sostenible, apoyándose en la experiencia a largo plazo y
la capacidad de innovar. Las medidas preventivas pueden consistir
en:
Coordinar la gestión de
las tierras y de los recursos hídricos para proteger el suelo de
la erosión, la salinización y otras formas de degradación.
Proteger la cubierta
vegetal, que puede tener un papel de primer orden en la protección
del suelo contra la erosión del viento y del agua.
Fomentar la
coexistencia del pastoreo y los cultivos en las tierras que reúnen
las condiciones propicias, que permite un ciclo de nutrien tes más
eficaz en los sistemas agrícolas.
Combinar los métodos
tradicionales de explotación de la tierra con tecnologías
aceptadas y adaptadas de forma local.
Apostar por modos de
vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo,
por ejemplo, la agricultura en las zonas secas, la agricultura de
invernadero y las actividades relacionadas con el turismo, que
requieren un menor uso de las tierras y los recursos naturales
locales y no dejan de ser una fuente sostenible de ingresos.
Para Ecologistas en Acción, el principal
problema ligado a la desertifica ción en nuestro país es la
pérdida del suelo fértil, que constituye un valioso recurso
natural no renovable, debido a la degradación del suelo provocado
por la urbanización y la construcción de infraestructuras, que
están ocupando de forma irreversible los valles fluviales, los
regadíos tradiciona les y otros suelos de alto valor agrícola. Ya
en 1992, España era el país europeo más afectado por la pérdida
irreversible de suelo fértil por urbani zación y desde entonces se
ha desplegado un tsunami urbanizador en las mejores tierras que no
ha hecho sino acrecentar dicha tendencia.
La desertificación en España no se debe tanto a
los problemas de erosión en el medio natural, además, al asociar
aridez con desertificación se ha reforzado la errónea percepción
de muchos matorrales naturales (estepas, saladares, etc.) como
lugares degradados, lo que ha dificultado aún más su conservación
(por ejemplo haciéndolos receptores de polígonos industria les,
vertidos y todo tipo de infraestructuras), dando lugar a una
alarmante pérdida de calidad paisajística y ambiental. Por otra
parte, esta falsa imagen ha justificado una nefasta política
forestal, con inadecuadas repoblaciones, afectando a su valor de
biodiversidad por dañar hábitats de interés comuni tario y
comunidades de gran valor ecológico y naturalístico.
Por tanto, para parar el proceso de
desertificación en el Estado español, Ecologistas en Acción
considera urgente la aplicación de políticas encami nadas a:
Que las leyes del suelo
autonómicas garanticen su conservación y dificulten su
recalificación para suelo urbano.
Abordar una política de
agua basada en la gestión de la demanda y no en el aumento de la
oferta. Es decir, tratar el agua como el bien escaso que es; un
bien que debe conservarse al máximo.
Reconvertir el modelo
económico español basado en la destrucción ambiental, en la que el
peso fundamental de la construcción y del turismo de masas (ambos
muy relacionados con la desertificación) en el PIB es clave. En la
política urbanística eso se traduce en núcleos compactos de tamaño
medio. En la hidráulica, en una agricultura acorde con las
condiciones climáticas del entorno.
Por su parte para mitigar los efectos de la
desertización en España, el Ministerio de Medio Ambiente ha
invertido en el cuatrienio 2005-2008 y en colaboración con trece
comunidades Autónomas, unos 83 millones de euros. El Ejecutivo ha
planeado en colaboración con las comunidades autónomas actuaciones
como la implantación de cubierta vegetal protectora y fijadora de
suelos, que tolere las condiciones de aridez extrema, la escasez
de agua y las tensiones derivadas del cambio climático.
Estas medidas llevadas a cabo por la
Administración nos parecen, a todas luces, insuficientes ya que la
inversión tendría que ser mucho mayor pero pensamos que en estos
momentos de crisis económicas estas cifras se mantegan e incluso
disminuyan en los próximos años.
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