OPINIÓN
LA OPACA GESTIÓN DEL AGUA
El acceso al agua es uno de los derechos fundamentales de las personas reconocidos por la
ONU, pero en la práctica todos los actores implicados en su gestión encuentran argumentos con
los que afirmar que el agua es más de unos que de otros...
JUAN ENRIQUE GÓMEZ * WASTE MAGAZINE
Imagínese un enorme cubo cuyo suelo, y cada una de sus cuatro paredes, es del tamaño de un campo
de fútbol de los grandes. Llénelo de agua.
Necesitará un hectómetro cúbico, o lo que es
lo mismo: mil millones de litros. Casi 9.000 cubos de ese calibre es lo que el río
Ebro vierte cada año al mar. Si restamos el caudal que llamamos ecológico, es decir el que el
río necesita para mantener sus ecosistemas, riberas y el propio delta litoral, aún quedan casi
6.000 de esos cubos que realmente se suman a las aguas del Mediterráneo.
Lo que ocurre
en el Ebro se puede extrapolar a la totalidad de la cuenca peninsular, cada una en
proporción a sus caudales. Las cifras no dan lugar a dudas y ponen sobre la mesa que con una
gestión hidrológica racional, basada en la ciencia y no en conceptos y presiones ideológicas y
partidistas, las necesidades de abastecimiento de agua, tanto humana como para la agricultura,
industria y el equilibrio ecosistémico, estarían cubiertas con creces.
El agua es un bien que pertenece a todos,
el acceso al agua es uno de los derechos
fundamentales de las personas reconocidos por la ONU, pero en la práctica todos los
actores implicados en su gestión encuentran argumentos (aparentemente sólidos y perfectamente
aderezados para la audiencia a la que se dirigen) con los que afirmar que el agua es más de unos
que de otros, según el territorio donde te encuentres y dependiendo siempre de los intereses
concretos de quien tiene la potestad de abrir o cerrar el grifo, e incluso es utilizada como
moneda de cambio para conseguir los apoyos necesarios para tal o cual política y siempre
bajo el discurso de la sostenibilidad.
El recorte que el gobierno de España decretó sobre el trasvase Tajo-Segura, no hace más que
poner de manifiesto, una vez más, que la gestión del agua responde a intereses que nada tienen
que ver con los usuarios finales y
se priman conceptos ideológicos y políticos
por encima de la realidad de los territorios a los que tendría que abastecer. La modificación
del Plan Hidrológico Nacional, aprobada por el Consejo de Ministros, reduce el caudal desde la
cabecera del Tajo hacia Alicante, Murcia y Almería, entre 70 y 110 hectómetros cúbicos (o cubos
como campos de fútbol), una cantidad que se supone es el caudal ecológico que el río necesita
para su sostenibilidad y, por ello, seguirá su camino hasta llegar al océano Atlántico, en la
ciudad de Lisboa, más allá de nuestras fronteras, dejando atrás los acueductos y canalizaciones
que la llevarían a unirse al río Mundo y al Segura y
regar las tierras del este y
sureste ibérico, donde más de 12.500 hectáreas de regadío y 15.000 empleos dependen del agua
que ya no correrá por las infraestructuras de un trasvase polémico desde su inauguración en
1979, con el gobierno de Adolfo Suárez y Garrigues Walker como ministro de Fomento. Una
infraestructura que ha estado siempre en el punto de mira de las críticas de sectores de la
izquierda por llevarse el agua de Aragón a tierras del sureste y el argumento de una
inconsistente amenaza de desabastecimiento, en caso grave de sequía, de los territorios de
Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, bañados por el Tajo de forma natural. El presidente
Zapatero, a través de su ministra, Cristina Narbona (hoy presidenta del PSOE), paralizó el
trasvase del Ebro y redujo el del Tajo. Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a girar el
grifo para reducir el caudal y se acoge a decisiones obligadas por la UE y echa por tierra los
acuerdos entre comunidades y afectados tomados con Rajoy en 2013. El Gobierno indica que
es
imprescindible dejar en el Tajo el caudal ecológico, pero sin contar con que esa
reducción, que no merma significativamente el caudal del río,
condena a la desaparición
y la ruina a territorios considerados clave en el desarrollo agrícola y turístico del sureste
español, gran parte de los regadíos que abastecen de alimento a Europa.
Quienes conocen la historia del trasvase Tajo-Segura, se preguntan si el origen de la ofensiva
contra el trasvase no estará en un intento ideológico de revertir los efectos de
una
orden del gobierno franquista por la que se permitía la creación de 12.500 hectáreas de nuevos
regadíos en zonas de Murcia y Almería, las mismas tierras que en la actualidad, según
los agricultores, se quedarán sin agua.
En este país la gestión ambiental y en particular la del agua ha de ser ratificada por el
llamado Consejo Nacional del Agua, un organismo en el que
el gobierno posee
representación mayoritaria y que, de forma inmediata, ha ratificado la propuesta de
la ministra de Transición Ecológica en relación con el trasvase.
¿Quién defiende los
intereses de los regantes y usuarios del agua? En la teoría, todos los representantes
políticos, que para eso están, pero en la práctica la respuesta es, nadie.
Nuestros gobernantes afirman que no importa que, cada año, dejen de llegar un centenar de
hectómetros cúbicos a las tierras del sureste, ya que hay soluciones alternativas: recoger agua
del mar y tratarla en desaladoras para su posterior uso agrícola y humano. Una tarea imposible
por el insuficiente número de plantas de este tipo y por el
alto coste de los
tratamientos, que encarecería el metro cúbico de agua de tal forma que afectaría a
los precios de toda la cadena de producción agrícola. Curiosamente, el Ministerio de Transición
Ecológica, en aras de la sostenibilidad, quiere que se ponga en marcha un sistema que necesita
de un
enorme consumo energético para su funcionamiento y provoca un fuerte
impacto en los ecosistemas marinos de su entorno.
Ante el gran cúmulo de despropósitos y la
manipulación partidista de un bien
fundamental, es necesario apostar por una gestión única del agua, donde primen
criterios de sostenibilidad y equilibrio a la hora de cubrir nuestras necesidades. No importa
que un río nazca en Aragón para poder llevar agua a Andalucía, que la cuenca del Guadalquivir
pueda dar agua a Castilla o que pequeños ríos provinciales alimenten cuencas deficitarias de
territorios vecinos, como realmente ya se hace con una treintena de trasvases que funcionan en
España y que son gestionados por equipos técnicos de las diferentes confederaciones
hidrográficas.
En tiempos en los que la sequía se contabiliza por años, en los que el desierto avanza desde el
sur, cuando la alteración del clima afecta a todo el planeta,
hay que tomar soluciones
globales, con amplitud de miras, con generosidad y solidaridad, pero sobre todo
alejadas de
sectarismos excluyentes.
Foto: J. E. GÓMEZ * WASTE MAGAZINE
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